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La mejor forma de buscar abogados y notarios en Costa Rica -- El direcorio juridico de mayor crecimiento en Costa Rica viernes 24 de noviembre de 2017  
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La Autoridad del Colegio de Abogados

Escrito por:

Grupo GruaPresidente: Wilbert Arroyo Alvárez
Vice Presidenta: Ana Virginia Calzada Miranda
Secretario: Jaime Robleto
Tesorera: Myrna Alvarado Roldán
Vocal 1°: Ricardo Zeledón Zeledón
Fiscal: Gloria Navas.


¡Excelencia, Madurez y Cambio!

 

El Colegio de Abogados, a causa del contenido de la profesión de sus miembros, tiene en sus manos un arma poderosa: la vigilancia sobre la legalidad y vigencia del ordenamiento jurídico costarricense. Costa Rica, según Constitución Política, es una nación democrática y su fundamento se base en la estructura jurídica del Estado de derecho. Nuestras opiniones, nuestras intervenciones y nuestras posiciones lo son de trascendencia determinante en ese control de legalidad que incluye ser guardianes de la seguridad jurídica. Ante tanto maestro y maestra que integra nuestro Colegio, los grandes discursos y la cantidad de letras sobran. Pero lo que no sobra y que debemos retomar con hidalguía y experiencia, es el ejercicio de la autoridad del gremio y de su posicionamiento fundamental en todo aquello que se relacione con lo que es legitimo y de conformidad con el bloque nacional e internacional de legalidad. Esto se ha perdido. La voz oficial del Colegio se esfumó.

Dos casos recientes de gran trascendencia por su relación con la división de funciones entre los poderes de la República y la independencia del Poder Judicial y de la resolución de los jueces: el Caso del Magistrado Fernando Cruz y el pronunciamiento necesario y debido del Juez de Ejecución de la Pena, el Juez Murillo. En el primer caso, un Magistrado probo, distinguido e ilustre no fue reelecto por la arbitraria posición manifestada por el Poder Legislativo. En el segundo caso, hubo un intento de crítica y anulación de un fallo de un Juez de la República sobre un tema que carcome la decencia de este país y nos avergüenza desde el punto de vista de la inobservancia a los derechos humanos mínimos de las personas en prisión, cuya condición de persona no ha sido eliminada aún. En estos dos casos, el Colegio por medio de su autoridad visible la Junta Directiva, no ha dicho mayor cosa. Ello ameritaba una evidencia pública de una opinión firme y protectora del régimen jurídico costarricense…pero se guardó un silencio culpable y si hablaron, lo fue en secreto porque no nos enteramos. Eso tiene que cambiar. La historia nefasta de la Ley de Tránsito no puede repetirse ni la situación con tanta legislación pobre, empírica y ayuna de sustento filosófico jurídico debe continuar. Se ha tornado determinante por la gravedad de lo que ocurre, el cambio de rumbo por el camino del ejercicio de la autoridad basada en criterios expertos y maduros. Costa Rica se lo merece. El gremio también.

 

 

 




 

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